Uno de los principales problemas en el ámbito impositivo, es la resistencia del contribuyente a pagar el tributo. Esta resistencia podría tener múltiples justificaciones si entendemos las razones que la han generado. En primer término la inestabilidad de la norma tributaria, la falta de claridad, su complejidad y sobre todo las injusticias que provoca su aplicación por parte de la autoridad hacendarias. Por otro lado, el problema por el que atraviesa nuestro país en el ámbito financiero y político, tiene también repercusiones en el ámbito impositivo, pues la política nacional se estatuye con reglas y principios que buscan predominantemente recaudar mayores fondos sin preocuparse si el contribuyente tiene ingresos suficientes o si su nivel per capita aumentó o bien, si cuentan con un mínimo vital para subsistir y por ende, para pagar el tributo.

Por otra parte, la impunidad y la corrupción es la principal premisa en donde el contribuyente ha tolerado ya este hecho, lo permite y se ha relajado; mientras que las autoridades demuestran su ineficacia ante la aplicación de sanciones y penas a los corruptos y ante la adulteración del sistema. Los anteriores factores lo único que han provocado es que el contribuyente vea al fisco como corrupto y que el fisco vea al causante como delincuente. Visión que no ha cambiado debido a la impunidad de los actos corruptos y a la falta de control del cohecho, extorsión, abuso de autoridad, desvío de poder, etc, por parte de funcionarios y contribuyentes.

No basta en un sistema global como el que México se encuentra inmerso, con dotar de amplias facultades a las autoridades fiscales para que discrecionalmente realicen actos de comprobación aleatorios o programados, en búsqueda de un aumento recaudatorio -con la determinación de créditos y sanciones excesivas- que ni el propio contribuyente puede pagar. No basta que se embarguen bienes o se extraigan éstos de las empresas para justificar una exacción. Tampoco son buenas las intervenciones con cargo a caja y mucho menos resulta eficiente ejercer acción penal en contra del causante. Asimismo, nada remedia en la recaudación que se embarguen las cuentas bancarias de los contribuyentes para considerar satisfecha la prestación dineraria llamada tributo. Ni tampoco debemos considerar que realizando este tipo de actos de exacción la autoridad aumentará la recaudación, pues existen otros mecanismos que coadyuvan a mejorar la recaudación sin aplicar los elementos tradicionales que se ejecutan de forma común por las autoridades hacendarias.

En la última década muchos contribuyentes han perdido confianza en las instancias judiciales o en los tribunales administrativos, atribuido principalmente a la discrecionalidad judicial. Discrecionalidad que se refleja al momento de dictar sus sentencias, ya que consideran que los criterios no son uniformes, que son proteccionistas, que atienden a política más que a derecho y que sus sentencias son tan rígidas que en lugar de resolver con justicia, resuelven con los elementos que los litigantes proporcionan al proceso. La justicia está en manos del juzgador, pero si la discrecionalidad empleada es poco favorable, benéfica o jurídica? Si la sentencia se emite en perjuicio de alguna parte sin haber atendido a todos los factores reales del caso? Vrg, Cuando un crédito fiscal mal determinado, con abusos, excesos o corruptelas, es decir, fincado sin razón, que al final fue mal defendido por un abogado en los Tribunales, debe cobrarse el gobernado? Es un problema de cultura, ética, derecho o justicia?

La falta de especialización del poder judicial es un factor que trasciende en la confianza del gobernado, pues un postulante con experiencia en el ámbito tributario se encuentra sujeto a la decisión de un juzgador mixto que difícilmente entenderá un planteamiento sumamente técnico. Por ello, al ser tan amplias las facultades y las materias de los juzgados de Distrito y Tribunales Colegiado de Circuito, resulta complicado abordar las controversias fiscales con la técnica que se requiere. Este fenómeno puede mejorarse con la especialización por materia de los juzgados y tribunales federales.

No obstante lo anterior, es necesario que exista un control exacto de la discrecionalidad del juzgador, pues muchas veces las cargas estadísticas provocan que se excuse el estudio de fondo por meros formalismos jurídicos. Un sobreseimiento o una causal de improcedencia, son un buen apoyo para aquellos juzgados o tribunales que cuentan con una abominable carga de trabajo. Otras ocasiones, esas decisiones de sobreseer o declarar improcedente una acción obedecen a la falta de técnica jurídica de los profesionales -que impetran en representación de sus defendidos- los medios de control constitucional; juristas que con poca eficacia, realizan procedimientos sin agotar las técnicas, procedimientos o formalidades proscritos en ley.

El problema de que exista tanta deficiencia jurídica, obedece primordialmente a que en México no se ha regulado la certificación de los profesionales jurídicos, cualquier abogado puede abordar o defender cualquier tema en cualquier materia jurídica, -tenga o no experiencia- y cuando se trata de temas fiscales, muchas veces no saben las consecuencias que a largo plazo se provocarán en el causante con la dilación de los procedimientos. Lo único que se logrará será elevar los adeudos hasta un monto que resulte inalcanzable por los contribuyentes.

El problema primario de la falta de pago, obedece en gran parte a la falta de credibilidad del contribuyente en las autoridades fiscales y en los Tribunales del país, pues considera que éstos buscan excusas en su estudio o que la carga de trabajo no les permite emitir sentencias de alta calidad. Sobre todo cuando se trata de tribunales terminales, en donde una mala decisión puede impactar directamente en el patrimonio y vida del contribuyente. Una solución científica que pudiera coadyuvar en la sociedad, ya se ha experimentado en otras culturas, como la norteamericana, en donde los Tribunales federales con el ánimo de erradicar la cultura de la impunidad, han tratado de fallar todo a favor del particular, como ocurrió con la industria del cigarro en donde se pusieron de moda las demandas contra dicha industria y las demandas contra las autoridades fiscales por exceso en el cumplimiento de sus funciones.

Lo importante de esta aportación científica, es que los Tribunales Norteamericanos han buscado erradicar la percepción de impunidad mediante mecanismos que protejan, cuiden, indemnicen y fallen en favor de los contribuyentes -para compensarles- la inquietud, pena, daños psicológicos, molestias, temores o cualquier afectación que ellos resientan del fisco federal, pues además de fortalecer la confianza del causante, despertarán el ánimo y confianza en los tribunales, sin el temor que la rigidez, dilación e incertidumbre que provocan las partes y en ocasiones el propio proceso, sea un factor determinante para ver desestimada su acción. Sabrá que la resolución no se decidió para cumplir con una obligación estadística. Sabrá que su acción es justa y le despertará la esencia patriótica de contribuir espontáneamente.

Una de las deficiencias de nuestro sistema, es la falta de patriotismo tributario, principio cuya génesis está sustentada en el espíritu del sujeto de apoyar los proyectos nacionales que coadyuven a su propio crecimiento. La pregunta es cómo lograr ese espíritu contributivo, si el contribuyente sigue teniendo un sentimiento de abuso por parte del Estado?, Dicho de otro modo, el particular o la empresa, considera que el Estado pese a los múltiples instrumentos que tiene, sigue desviando los recursos que recibe. Justifica su falta de pago oportuno en el hecho de que el Estado no proporciona seguridad pública y por eso los contribuyentes deben pagar sus propios servicios privados. El Estado no proporciona salud –afirman los contribuyentes- y por ello, debe pagar el particular sus propios servicios médicos. El Estado no proporciona buena educación, por ello debe mandar a sus hijos a escuelas privadas o en el extranjero. Lo más delicado de este conjunto de reflexiones es que el contribuyente no materializa en su esfera jurídica el beneficio de sus aportaciones, es decir, no siente que recibe una contraprestación a cambio; considera que lo que paga sirve para soportar la cuenta corriente, sirve para pagar celulares, vehículos blindados, equipos de seguridad de los funcionarios o incluso, hasta para comprar café o té en las dependencias públicas o comprar despensas en épocas navideñas o de campaña.

El patriotismo tributario no se podrá implementar por el momento, puesto que el contribuyente en México no tiene un espíritu de nacionalismos, espíritu que en lugar de fortalecerse cada día, se desvanece al paso del tiempo, pues teniendo la aptitud de legislar sobre la forma de regular a los contribuyentes registrados y a los no registrados, el legislativo sólo ha emitido leyes para aquellos que se registran ante las autoridades fiscales, pero por intereses partidistas, políticos o de campaña, no se ha fortalecido los esquemas de inscripción a los contribuyentes que no están cautivos por el fisco federal. Dicho de otra forma, tenemos leyes para los contribuyentes inscritos, pero no para los no registrados.

Además, las leyes fiscales son tan frágiles, que cualquier contribuyente inscrito, que tenga un pariente o familiar no inscrito, puede recibir grandes cantidades de dinero en su cuenta sin ser rastreado, incluso, en las fronteras del país, esas cantidades pueden ser depositadas en cuentas de otros países como Guatemala o Estados Unidos y difícilmente serán identificables. Asimismo, el intercambio de información entre los países en materia tributaria, no fluye con eficacia y no se sabe cuándo o de qué forma se obtienen esos ingresos por parte de las personas no inscritas.

El sistema es tan frágil que aproximadamente setecientas cincuenta mil personas morales son la columna vertebral del país en materia tributara y alrededor de siete millones de contribuyentes personas físicas -sin incluir a los asalariados-, también componen este rubro, según lo ha estimado la Secretaria de Hacienda en su último trimestre. Por ello, consideramos que el padrón de contribuyentes podría crecer si tuviéramos leyes para contribuyentes registrados y no registrados. Podríamos crecer si el sistema financiero, con un debido blindaje en la protección de datos, pudiera vigilar al contribuyente y sus operaciones relevantes de forma anual. Podríamos crecer si cada vez que se abre una cuenta bancaria, el banco exigiera que se le presente -como requisito indispensable de apertura-, que se le proporcione una fotocopia del registro federal de contribuyentes. El problema es que si no tenemos leyes para los que no están registrados y aún teniéndolas, no los registramos, cómo esperamos que unos pocos aporten los ingresos para todo un país?.

Qué reflexión nos merecen aquellos contribuyentes no registrados que tienen grandes cantidades recibidas en sus cuentas que nunca lo han declarado, o los que compran inmuebles sin justificar el origen de su dinero, o los que de repente compran empresas o abren corporativos con grandes capitales sin saber de dónde se originaron sus inversiones.

No es casualidad que la mayoría de funcionarios deshonestos tengan grandes mansiones, casas, carros, equipos de seguridad y hasta aviones privados. Ser diputado, senador, o legislador local no es tan retribuido en proporción a sus haberes patrimoniales, sin embargo, los procedimientos de discrepancia fiscal no se ejercen contra ninguno de ellos, por eso, cuando un contribuyente medianamente cumplido o uno que cumple cabalmente con sus obligaciones fiscales tiene que pagar sus impuestos o contribuciones en general, toma resistencia en el pago, pues la falta de control de dichos recursos oscurece el pago del tributo, por ello, la solución a esta problemática surgirá cuando existan mecanismos legislativos que permitan saber la procedencia de cada recurso de cada uno de nosotros. Surgirá en el momento que la distribución de la carga impositiva se iguale. Se eficientará cuando la cultura tributaria de la autoridad respete los derechos de los gobernados.

Este último punto es el que representa gran importancia en nuestro país, pues la seguridad jurídica, sin ser un instrumento económico, es uno de los principios que mayor estabilidad económica brindan al Estado, pues un sujeto a quien se le respeta la ley, se siente confortable con el pago del tributo, pero al que se vulnera su esfera jurídica, lo que se provoca es una desestabilidad que buscará en el futuro cómo eludir el pago del tributo. El fisco piensa que el contribuyente tiene una mina de oro debajo de su empresa, -esa será siempre la percepción de la autoridad-, pero al contrario, cuando un contribuyente es fiscalizado, siempre tratará de demostrar el grado de pobreza en el que se encuentra inmerso. Dónde se encuentra el equilibrio entre lo que el fisco considera que se oculta y lo que realmente se tiene? Evidentemente ese equilibrio no surge de la presión, represión, castigo o malos tratos al contribuyente y mucho menos surge de la amenaza de ser consignado penalmente por desacatar la ley máxima que le obliga a pagar y cumplir con sus obligaciones fiscales, Tampoco ese equilibrio puede obtenerse culpando al Estado por su deficiencia, en donde el contribuyente más hábil eludirá o evadirá su pago, mientras que el de mejor moral cumplirá con el mismo.

No estamos en una época en donde debemos dejar todo el trabajo a los Tribunales, a los legisladores, autoridades o contribuyentes. Cada uno debe poner mucho de su parte para mejorar la recaudación. Claro ejemplo de la evolución en México lo visualizamos con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que puede estudiar oficiosamente las competencias de la autoridad. Oficiosidad que se ha vuelto el pilar del derecho mexicano, en donde la confianza del contribuyente se ha recobrado gracias al estudio oficioso, en donde el contribuyente más pobre, incluso, el peor defendido, puede aspirar al anhelo de justicia por que el tribunal motu proprio analizará la competencia oficiosa. Es una Tribunal avanzado, moderno, de vanguardia y honesto. Un Tribunal que ha cambiado la concepción de los ciudadanos y de las personas o entidades extranjeras, pues las actividades oficiosas de éste, han brindado seguridad jurídica. Seguridad que pronto mejorará la recaudación, pues los contribuyentes pagarán exactamente lo que deben y sabrán que existe un Tribunal que los escuche, proteja y defienda contra los arbitrarios, tal como se concibió en los primeros años de independencia de nuestro país.

Esperamos que el Tribunal pueda evolucionar aún más e incorporar en sus decisiones el “principio de unanimidad negativa”, el cual consiste en que para negar la razón a un particular, se necesita que todos los magistrados estén en contra del criterio del particular. Hoy en día, si dos magistrados votan en contra del particular y uno a favor, se le niega la razón, pero lo importante con esta nueva cultura, es que la simple presunción de una de ellos de que el contribuyente goza de la razón, será suficiente para fallar a favor del mismo, aspirando a los principios del in dubio pro reo y el principio de buena fe, en donde cualquier duda de uno de ellos, debe ser suficiente para fallar en su favor. Por el contrario, para negarle la razón, todos por unanimidad, deberán estar de acuerdo, de ahí que su nombre se denomine “unanimidad negativa”. Sistema al que sólo pueden aspirar los países con una evolución jurídica avanzada, cuya estructura constitucional, premie al gobernado por encima de todas las cosas. Premio que no debe verse como una licencia para que el gobernado actúe impunemente, sino como un instrumento de evolución que permita identificar eficazmente a los malos contribuyentes y las malas conductas.

No es cierto que las exenciones, reducciones, estímulos o beneficios fiscales, sean aquellos que generan un hueco en la recaudación. Tampoco es cierto que los contribuyentes menores aumentarán sustancialmente la recaudación en México al incorporarse al marco fiscal mexicano. Asimismo, es incierto que se piense que la autoridad cambiará su cultura de repente y que eso brindará mejor seguridad jurídica. Estos aspectos son un mito en donde se resguardan las deficiencias de nuestro sistema. Lo que debemos hacer es controlar a través del sistema financiero. Debemos crear mecanismos que fomenten el cumplimiento voluntario de los inscritos y debemos establecer mecanismos de control del causante, es decir, tenemos que cuidar a los que contribuyen y evitar que los altos recargos, las multas excesivas o las sanciones máximas los hagan desaparecer. Debemos topar estos accesorios y sobre todo, debemos crear mecanismos que estimulen a los mismos en caso de mora. Debemos sancionar a los incumplidos y coadyuvar en el crecimiento de los cumplidos.

Por ello, debemos evolucionar en nuestro sistema y considerar que la culpa no es de los tribunales, autoridades o contribuyentes, la culpa puede atribuirse a factores, culturales, objetivos, subjetivos, genealógicos, sociológicos y antropológicos y mientras los involucrados no pongan de su parte todo lo que esté a su alcance, entonces mayor será la involución de nuestro sistema tributario. Por ello si pretendemos recaudar mayores ingresos, lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestro papel.

Si pertenecemos al órgano que decide el derecho, debemos favorecer y premiar al contribuyente para que se repare la cultura de impunidad que existe en México y así el Estado perfeccionará cada vez sus actos y se ajustará a derecho. Si pertenecemos a la autoridad, debemos considerar que la presión, amenaza o insultos a la inteligencia de los gobernados o la vulneración de cualquier derecho, lo único que provocará es un retroceso en el causante y propiciará en el futuro mayor incumplimiento. Pero si pertenecemos al gran grupo de los contribuyentes, lo que debemos de hacer es buscar cumplir espontáneamente, porque esa es la única forma de evolucionar. Tenemos que exigir y logar que las autoridades y tribunales se convenzan de los beneficios o perjuicios que se generan por una correcta o incorrecta aplicación de la ley.

Recordemos que el aumento de impuestos o tasas no son una solución a la mejora recaudatoria, pues ni aún en el supuesto de que los contribuyentes pagaran la totalidad de sus ingresos por concepto de contribuciones se erradicarían los problemas de pobreza, salud, educación, cultura, tecnología, etc, Por ello el problema recaudatorio no depende precisamente de esta rama de la ciencia, sino que pertenece a la rama presupuestaria, de control y fiscalización y de política tributaria, mezcladas con un poco de transparencia en la rendición de cuentas. Entonces, la mejora recaudatoria puede mejorarse si unificamos legislación fiscal en los Estados, si cerramos brechas de corrupción o si obtenemos un padrón de bienes nacionales, activos y demás productos que puedan enajenarse -sin que constituya una carga para el Estado-Asimismo, la universalización del padrón de contribuyentes, el aumento de la base de causantes y el respeto a los derechos de los contribuyentes, es una solución que puede coadyuvar. La restricción de la cuente corriente, la difusión, orientación y promoción de la cultura fiscal por cualquier medio –no sólo en las escuelas- coadyuvará a que el pago se realice con mayor conciencia. La asequibilidad, simpleza y claridad de la norma, podrán permitir que se estabilicen las normas tributarias. El control del gasto, la distribución del ingreso y la reducción de procedimientos ociosos implementados por el fisco federal, pueden coadyuvar a este fin. En otro análisis trataremos los mecanismos de exacción que las autoridades exactoras deben implementar para mejorar la recaudación, pero hoy simplemente debemos reflexionar en la necesidad que existe en México de un mayor aumento del ingreso y de un mejor control del gasto. Coadyuvemos para tener un mejor sistema tributario y presupuestario en nuestro país, para que los efectos financieros como el que nos afecta el día de hoy, no impacten de forma tan severa a la población que mayores necesidades padece.

Por: Grupo Farías, Abogados Tributarios